Descontento en el sector cebollero local ante el canon por servicios de certificación
En las últimas horas surge una disputa entre los empresarios cebolleros y el poder legislativo municipal por el cobro del canon para el servicio de certificación en la terminal de cargas, una instalación vital para la exportación de la producción de cebolla.
Desde su inauguración en el año 2021, la terminal de cargas ha sido un eslabón fundamental para los empresarios del rubro cebollero. Ubicada en respuesta a una demanda del sector, esta terminal ofrece servicios de certificación a cargo de SENASA, operando dentro de un espacio facilitado por el municipio, bajo un acuerdo formal establecido en un convenio marco.
Sin embargo, la armonía entre los actores implicados se ha visto sacudida por el valor de un canon, concebido como contrapartida por el funcionamiento de la terminal. Esta medida, consensuada por los representantes de las diferentes fuerzas políticas que conforman el poder legislativo, ha generado un malestar evidente entre los empresarios cebolleros.
En las últimas horas, dicho descontento ha alcanzado su punto álgido, con los cebolleros expresando abiertamente su negativa a abonar el monto establecido por la ordenanza. Esta postura, más allá de ser un reclamo económico, representa una amenaza latente para la continuidad del servicio de certificación en la terminal de cargas.
Ante esta situación, el poder ejecutivo local ha tomado cartas en el asunto, solicitando al Concejo Deliberante una revisión del valor del canon. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por los concejales, profundizando así el conflicto y dejando en una encrucijada al sector cebollero.
Es importante recordar que la creación de esta terminal de certificación fue impulsada por los propios productores, quienes anteriormente se veían obligados a trasladar su producción hasta la localidad de Mayor Buratovich para su certificación. Este traslado conllevaba no solo costos adicionales sino también riesgos inherentes, como la posibilidad de que la mercadería fuera rechazada, lo que representaba un perjuicio económico para los productores.
En este contexto, la negativa de los productores a asumir el costo actual del canon amenaza con socavar la continuidad del servicio de certificación en la terminal de cargas. Una eventual pérdida de este recurso podría obligar a los empresarios a retomar la práctica de trasladar su producción a distancias superiores a los 200 kilómetros, con todas las implicancias económicas y logísticas que ello conlleva.
